¿Fuero militar debilitado?
El presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó la decisión correcta al combatir la delincuencia organizada donde quiera que se encuentre. Hacerlo con toda la fuerza del Estado mexicano. Quien gane las elecciones de 2012 deberá procurar seguir combatiendo a la delincuencia. No debe haber tregua. Aquí es: el Estado se va imponer sobre los delincuentes o los delincuentes sobre el Estado. Debe ser el Estado, nadie debe ser más fuerte que él. Deberá, eso sí, haber variaciones estratégicas que procuren que este esfuerzo no lastime ni vulnere los derechos humanos de los mexicanos. Es decir, que la violencia no alcance los hogares. Esto se logra utilizando más inteligencia que fuerza. Dando golpes contundentes en donde más afecte a la delincuencia, que es en sus bolsillos, porque si se secan estos no se podrá seguir financiando a nuevos delincuentes. Esta es, en síntesis, la postura del senador Manlio Fabio Beltrones respecto a la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal hace cuatro años.
Lo cierto es que no sólo la violencia del fuego cruzado llega a los hogares, sino la ejercida por las fuerzas castrenses, sabiéndose inmunes por el fuero militar. De ahí que organismos internacionales en derechos humanos hayan señalado que el gobierno mexicano encubre delitos cometidos por militares. Entre 2007 y fines de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió tres mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y sólo tres elementos han sido condenados. Esto nos habla de la justificación de delitos de quienes se supone son nuestros héroes por dar la vida en defensa del país. ¿Cobran su sacrificio de esta manera?
A inicios de este mes, Valentina Rosendo Cantú, indígena mep’haa (tlapaneca) que fue violada en 2002 por militares, ganó el litigio que emprendió contra el Estado mexicano. Lamentablemente, otras mujeres como las chiapanecas tseltales Miraval, Ana Beatriz y Celia González Pérez, y su madre Delia Pérez de González —abusadas el 04 de junio de 1994 en Altamirano, cuando tenían 12, 13 y 14 años— siguen en espera de justicia por parte de las autoridades judiciales civiles. Esta realidad inocultable motivó al presidente Calderón a presentar una iniciativa que busca que los militares que cometen tortura, desapariciones forzadas y violaciones sean juzgados por tribunales no militares. Esto, aunque es un avance, es limitado porque deja fuera varios delitos graves que podrán ser conocidos exclusivamente por los tribunales castrenses.
¿Esta iniciativa de ley no debilita al ejército mexicano, justo ahora que se vive un momento recalcitrante de la guerra contra el narcotráfico?, se le pregunta al senador Beltrones, después de la conferencia que dictó a los estudiantes de la Unicach.
“Los mexicanos exigen, y estaremos siempre atentos a que eso se cumpla, que no se violen las garantías individuales y tampoco se afecten los derechos humanos. Tan noble es la causa para combatir a la delincuencia como también la exigencia de que ellos (los militares) no atienten contra los ciudadanos. Cumplir con los tratados internacionales no es en desdoro de las fuerzas armadas, es para estar a la altura del mundo. Estamos obligados a cumplir los acuerdos firmados, y eso lo saben los ciudadanos y eso lo saben particularmente los militares.
Lo cierto es que no sólo la violencia del fuego cruzado llega a los hogares, sino la ejercida por las fuerzas castrenses, sabiéndose inmunes por el fuero militar. De ahí que organismos internacionales en derechos humanos hayan señalado que el gobierno mexicano encubre delitos cometidos por militares. Entre 2007 y fines de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió tres mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y sólo tres elementos han sido condenados. Esto nos habla de la justificación de delitos de quienes se supone son nuestros héroes por dar la vida en defensa del país. ¿Cobran su sacrificio de esta manera?
A inicios de este mes, Valentina Rosendo Cantú, indígena mep’haa (tlapaneca) que fue violada en 2002 por militares, ganó el litigio que emprendió contra el Estado mexicano. Lamentablemente, otras mujeres como las chiapanecas tseltales Miraval, Ana Beatriz y Celia González Pérez, y su madre Delia Pérez de González —abusadas el 04 de junio de 1994 en Altamirano, cuando tenían 12, 13 y 14 años— siguen en espera de justicia por parte de las autoridades judiciales civiles. Esta realidad inocultable motivó al presidente Calderón a presentar una iniciativa que busca que los militares que cometen tortura, desapariciones forzadas y violaciones sean juzgados por tribunales no militares. Esto, aunque es un avance, es limitado porque deja fuera varios delitos graves que podrán ser conocidos exclusivamente por los tribunales castrenses.
¿Esta iniciativa de ley no debilita al ejército mexicano, justo ahora que se vive un momento recalcitrante de la guerra contra el narcotráfico?, se le pregunta al senador Beltrones, después de la conferencia que dictó a los estudiantes de la Unicach.
“Los mexicanos exigen, y estaremos siempre atentos a que eso se cumpla, que no se violen las garantías individuales y tampoco se afecten los derechos humanos. Tan noble es la causa para combatir a la delincuencia como también la exigencia de que ellos (los militares) no atienten contra los ciudadanos. Cumplir con los tratados internacionales no es en desdoro de las fuerzas armadas, es para estar a la altura del mundo. Estamos obligados a cumplir los acuerdos firmados, y eso lo saben los ciudadanos y eso lo saben particularmente los militares.
roraquiar@hotmail.com
961 111 58 69
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