Apoyos controlados
Cómo evitar que surjan vivales en medio de la tragedia provocada por el paso de la tormenta tropical Mathew. Cómo evitar que una historia semejante a la de Stan se escriba de nuevo. Son muchos los apoyos y programas sociales emergentes para contrarrestar los daños que se atoja complicado que cada uno de ellos llegue justo a la mano necesitada, sin que a su paso se atreviesen la voracidad y el interés individual de funcionarios corruptos y falsos líderes sociales.
La solidaridad de los chiapanecos es incuestionable, los centros de acopio reciben la ayuda que en la medida de lo posible se puede dar, ropa y víveres se acumulan para los hermanos en desgracia. Así, también, es evidente la responsabilidad de las autoridades, pues vemos cómo el gobernador Juan Sabines, personalmente, de manera expedita y oportuna, coordina las acciones necesarias en las zonas afectadas –puede que sea políticamente correcto hacerlo, pero, me parece, es un sentimiento más humano el que lo mueve−.
Programas como Reposición de Enseres Domésticos, Empleo Temporal, Motor para la Economía Familiar, sin olvidar los apoyos para los cultivos afectados por encharcamientos, son puestos en marcha para beneficiar a la gente que lo perdió todo, a los comerciantes que ya no tienen fuente de ingresos, a los que padecen desocupación; de ahí la importancia de que sean vigilados para su correcta ejecución y de encontrarse irregularidades castigar conforme a la ley, porque no es justo que cuando unos están en la pena, otros no piensan más que en la pepena.
Esta es la función que ha venido realizando la Contraloría Social de Chiapas, dirigida por José Luis Echeverría Escobar, servidor público confiable desde hace muchos años, y debe serlo para estar al frente de tan importante labor: vigilar, evaluar y verificar que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realice en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como exigir la rendición de cuentas.
Esto es justo lo que se necesita en estos momentos: un órgano descentralizado que se encargue de garantizar que la ayuda llegue a quienes en verdad lo necesitan, que los programas cumplan su función social, que alerte, de ser necesario, a dependencias como la Procuraduría General del Estado, al Órgano de Fiscalización del Congreso o a la Secretaría de la Función Pública para que con sus instrumentos jurídicos apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos, de cualquier rango, que incurran en acciones fuera del marco legal.
Si usted conoce de alguna irregularidad en el manejo de recursos públicos o programas sociales, denúncielo con su contralor social más cercano, ubicados en cada una de las diez delegaciones distribuidas en el estado. Si un funcionario público no lo quiere atender, denúncielo al 01 800 147 83 52. El gobernador Juan Sabines ha sido claro en ese sentido: “Los servidores públicos tienen la obligación de atender de manera expedita y eficaz a todos los ciudadanos, sin distingo de credos, raza, color, condición social o física”.
La solidaridad de los chiapanecos es incuestionable, los centros de acopio reciben la ayuda que en la medida de lo posible se puede dar, ropa y víveres se acumulan para los hermanos en desgracia. Así, también, es evidente la responsabilidad de las autoridades, pues vemos cómo el gobernador Juan Sabines, personalmente, de manera expedita y oportuna, coordina las acciones necesarias en las zonas afectadas –puede que sea políticamente correcto hacerlo, pero, me parece, es un sentimiento más humano el que lo mueve−.
Programas como Reposición de Enseres Domésticos, Empleo Temporal, Motor para la Economía Familiar, sin olvidar los apoyos para los cultivos afectados por encharcamientos, son puestos en marcha para beneficiar a la gente que lo perdió todo, a los comerciantes que ya no tienen fuente de ingresos, a los que padecen desocupación; de ahí la importancia de que sean vigilados para su correcta ejecución y de encontrarse irregularidades castigar conforme a la ley, porque no es justo que cuando unos están en la pena, otros no piensan más que en la pepena.
Esta es la función que ha venido realizando la Contraloría Social de Chiapas, dirigida por José Luis Echeverría Escobar, servidor público confiable desde hace muchos años, y debe serlo para estar al frente de tan importante labor: vigilar, evaluar y verificar que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realice en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como exigir la rendición de cuentas.
Esto es justo lo que se necesita en estos momentos: un órgano descentralizado que se encargue de garantizar que la ayuda llegue a quienes en verdad lo necesitan, que los programas cumplan su función social, que alerte, de ser necesario, a dependencias como la Procuraduría General del Estado, al Órgano de Fiscalización del Congreso o a la Secretaría de la Función Pública para que con sus instrumentos jurídicos apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos, de cualquier rango, que incurran en acciones fuera del marco legal.
Si usted conoce de alguna irregularidad en el manejo de recursos públicos o programas sociales, denúncielo con su contralor social más cercano, ubicados en cada una de las diez delegaciones distribuidas en el estado. Si un funcionario público no lo quiere atender, denúncielo al 01 800 147 83 52. El gobernador Juan Sabines ha sido claro en ese sentido: “Los servidores públicos tienen la obligación de atender de manera expedita y eficaz a todos los ciudadanos, sin distingo de credos, raza, color, condición social o física”.
roraquiar@hotmail.com
961 111 58 69
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