Pedro Torres, subdirector editorial del rotativo juarense·El caso de El Diario de Juárez
·Más protección a periodistas
·Más protección a periodistas
El rotativo El Diario, de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue categórico en su editorial del domingo pasado: las autoridades de facto en la ciudad son las del narco. En ese entendido, reconoce que las instituciones oficiales poco o nada han hecho para salvaguardar su integridad como ciudadanos y mucho menos garantizar las condiciones mínimas para ejercer la labor de informar. Se asumen como el medio que más ha resentido la guerra que se vive en el país, pues en menos de dos años ha perdido a dos colaboradores: Armando Rodríguez Carreón, el 13 de noviembre de 2008, y, recientemente, el jueves pasado en un centro comercial, al reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco.
“Hasta en la guerra hay reglas –alegan−. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.”
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua tiene abiertas tres líneas de investigación por el asesinato de Santiago Orozco. La primera tiene que ver con su ejercicio profesional como reportero gráfico. La segunda, que el día de los hechos la víctima viajaba en el auto de Alejo de la Rosa, hijo de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En tanto, la tercera es que el asesinato se debió a un supuesto diferendo con “vagos”.
Sobre esta última posibilidad, Alejandro Poiré, vocero en materia de seguridad, aseguró: “Es oportuno recordar que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua ha señalado en declaraciones públicas que hasta el momento el móvil más probable de esta agresión en particular es de índole personal y no por sus actividades profesionales”.
De vuelta a la editorial del domingo, El Diario advertía: "Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.
"Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran. En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, como de derechohumanistas.”
Para acabarla de amolar, este martes El Diario publicó una supuesta entrevista telefónica con el líder nacional del PAN, Cesar Nava, en la que se señala la necesidad de que el gobierno mexicano negocie la paz con el crimen organizado. Horas después, el CEN blanquiazul negó lo contenido en la publicación, pues jamás existió tal conversación. Finalmente, a medio día, a través de su portal de internet, el periódico reconoció que fueron engañados por alguien que se hizo pasar por el líder panista, y pidió se lleve a cabo la investigación correspondiente.
***
La bancada del PRI en el Senado enlistó un punto de acuerdo en el que solicita a los demás grupos parlamentarios se comprometan a trabajar en una legislación en materia de protección de periodistas y medios de comunicación ante “la terrible situación de inseguridad que enfrenta los comunicadores en México”.
Coinciden en que la propuesta busca la protección de los profesionales de la comunicación, para que en caso de amenazas o presuntos riesgos, sean considerados “de alto riesgo” y tengan el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona. Así mismo los comunicadores podrían solicitar la protección de su familia y, de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se vea amenazado. De esta manera, serían consideradas como delito federal las agresiones o intimidaciones a periodistas.
Sería bueno incluir, como requisito para esta protección, que el periodista sea un profesional con formación y no un chantajeador o extorsionador con credencial de prensa, y, de ser necesario, aplicarle un examen de confianza para determinar su valor moral, porque hay cada caso, cada negrito en el arroz, que terminará haciendo de esta legislación un arma para su beneficio.
“Hasta en la guerra hay reglas –alegan−. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.”
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua tiene abiertas tres líneas de investigación por el asesinato de Santiago Orozco. La primera tiene que ver con su ejercicio profesional como reportero gráfico. La segunda, que el día de los hechos la víctima viajaba en el auto de Alejo de la Rosa, hijo de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En tanto, la tercera es que el asesinato se debió a un supuesto diferendo con “vagos”.
Sobre esta última posibilidad, Alejandro Poiré, vocero en materia de seguridad, aseguró: “Es oportuno recordar que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua ha señalado en declaraciones públicas que hasta el momento el móvil más probable de esta agresión en particular es de índole personal y no por sus actividades profesionales”.
De vuelta a la editorial del domingo, El Diario advertía: "Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.
"Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran. En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, como de derechohumanistas.”
Para acabarla de amolar, este martes El Diario publicó una supuesta entrevista telefónica con el líder nacional del PAN, Cesar Nava, en la que se señala la necesidad de que el gobierno mexicano negocie la paz con el crimen organizado. Horas después, el CEN blanquiazul negó lo contenido en la publicación, pues jamás existió tal conversación. Finalmente, a medio día, a través de su portal de internet, el periódico reconoció que fueron engañados por alguien que se hizo pasar por el líder panista, y pidió se lleve a cabo la investigación correspondiente.
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La bancada del PRI en el Senado enlistó un punto de acuerdo en el que solicita a los demás grupos parlamentarios se comprometan a trabajar en una legislación en materia de protección de periodistas y medios de comunicación ante “la terrible situación de inseguridad que enfrenta los comunicadores en México”.
Coinciden en que la propuesta busca la protección de los profesionales de la comunicación, para que en caso de amenazas o presuntos riesgos, sean considerados “de alto riesgo” y tengan el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona. Así mismo los comunicadores podrían solicitar la protección de su familia y, de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se vea amenazado. De esta manera, serían consideradas como delito federal las agresiones o intimidaciones a periodistas.
Sería bueno incluir, como requisito para esta protección, que el periodista sea un profesional con formación y no un chantajeador o extorsionador con credencial de prensa, y, de ser necesario, aplicarle un examen de confianza para determinar su valor moral, porque hay cada caso, cada negrito en el arroz, que terminará haciendo de esta legislación un arma para su beneficio.
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